«El profesional de la arquitectura y la sociedad de hoy»

Articulo de opinión publicado en el diario información https://www.diarioinformacion.com/opinion/2019/03/14/profesional-arquitectura-sociedad-hoy/2127970.html

Los años del “señor arquitecto” quedaron atrás
Han pasado muchos lustros, quizás desde los años 60-70, en el que el señor arquitecto formaba parte de una élite profesional reconocida por la sociedad, que sin duda gozaba de un alto nivel de vida y reconocimiento, junto con otros profesionales como médicos, abogados, notarios, registradores, etc.
España estaba incorporándose a la revolución aperturista, después de unos años duros de postguerra, abriéndose a la moderna Europa. Desde el otro lado de los Pirineos, llegaban los visitantes en busca de nuestro sol y nuestras playas a precios muy competitivos. El despertar del turismo había irrumpido, especialmente en nuestras tierras alicantinas.
Mucho ha cambiado la sociedad desde entonces, también el acceso a la formación y a estudios especializados como los de arquitectura.
Mientras que mi generación tuvo que irse a estudiar al Politécnico de Valencia, desde hace 23 años tenemos una escuela de arquitectura en la Universidad de Alicante, asistiendo igualmente al desarrollo de otras escuelas de arquitectura, tanto privadas como públicas, llegando en la actualidad a disponer de tres escuelas en la Comunidad Valenciana.
No debe extrañarnos pues que el censo actual de arquitectos supere ampliamente los 48.000 arquitectos colegiados en toda España, más una tercera parte que no lo está

La realidad del arquitecto del año 2.019
Un reciente estudio del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en el que participaron más de 8.000 profesionales, muestra las alarmantes condiciones laborales que padece el colectivo de arquitectos. Según la encuesta, actualmente la media de ingresos brutos anuales de un arquitecto es de 12.000 euros, cuando el salario mínimo interprofesional es
de 12.600 euros.
Después de los estudios de bachillerato, se tarda una media de entre 6 y 8 años en realizar la carrera de Arquitectura. En un contexto estatal de precarización de las condiciones laborales de los españoles, esta realidad no es ajena a un colectivo de profesionales de gran talento, formación y reconocimiento dentro de la Unión Europea.
En muchos casos, arquitectos y arquitectas se ven obligados a emigrar para poder trabajar dignamente y ejercer la profesión que su país de origen no le ha permitido desarrollar. Particularmente pienso que como sociedad hemos fracasado a la hora de racionalizar y gestionar unos recursos limitados, como los que se dedican a la formación, primando lecturas de poco recorrido en lugar de apostar por una planicación de necesidades optimizada, que permita un retorno equilibrado a la sociedad.
Este panorama demuestra que la política de “café para todos”, de lectura fácil y probablemente electoralista, ha fracasado. El talento, que tanto ha costado a los españoles forjar, se produce en nuestras universidades con dinero público y luego es aprovechado por terceros países, que reciben nuestro conocimiento sin invertir un sólo euro en esa formación. La media
estimada en formar a un universitario de una carrera técnica es de más de 60.000 euros por estudiante.

La crisis del sistema y la revolución del profesional de la arquitectura
Pese a la precarización de las condiciones de trabajo, en ésta última década los profesionales de la arquitectura han conseguido redefinirse, interviniendo además en otras actividades ajenas a su campo, gracias a la apuesta por la formación, la reconversión digital, multidisciplinar, técnica, cultural y creativa.
Arquitectas y arquitectos han conseguido adaptarse con éxito a los retos exigidos por el sector, pero también han despuntado en negocios como la hostelería, empresas, diseño software, publicidad, y un largo etcétera. La civilización actual nos obliga a la especialización y la diversicación, siendo la formación continuada el mejor aliado para no quedar fuera de la carrera, como se diría ahora “game over”.
La arquitectura se congura como una disciplina capaz de aunar conocimientos humanísticos, técnicos, económicos, legales o artísticos. Sin embargo, en muchas ocasiones el colectivo ha sufrido el maltrato y la falta de reconocimiento de nuestro esfuerzo.
La cultura de la oferta y la demanda y del “low cost”, son una abrupta realidad que se ha instalado en la coyuntura actual, eliminando de la ecuación valores como la excelencia, el buen trabajo o simplemente el reconocimiento a un profesional que pone a disposición del cliente su amplio conocimiento, su responsabilidad jurídico-técnica y la necesidad de una renovación continua.
La Administración, dentro de esta cultura de desafección al valor intelectual, lejos de ejemplarizar con sus actos y por ende con la legislación que produce al ritmo del paso de la legión, enfatiza y abona con un fertilizante que lejos de mejorar una tierra yerma, profundiza la cultura de lo rápido, lo barato y la producción en serie o por lotes.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público 6/2018, que se aprobó hace poco más de un año y con vigencia desde el mes de mayo, recogía en su preámbulo intenciones muy loables y suscritas, entiendo por la mayoría de los grupos políticos. Los trabajos intelectuales y la calidad deberán primar sobre cualquier otro concepto.
A su vez la administración, desde los organismos públicos, deberá incentivar el acceso de las PYMES y de los jóvenes profesionales. Según la nueva ley, estas directrices han de favorecerse por las nuevas normas y pliegos de concursos, tuteladas a su vez por las instrucciones impulsadas desde la Unión Europea.
Por otra parte, la nueva Ley 39/2015 también surge para establecer nuevas relaciones entre el ciudadano y la administración, a través de los portales digitales o comunicación electrónica. De nuevo otro ejemplo de buenas intenciones en su génesis, pero con amplias carencias en su gestión y en el desarrollo de preceptos.
Lejos de mejorar la relación del ciudadano y las empresas en sus comunicaciones, se ha convertido en un modelo de comunicación semejable a la nueva Torre de Babel del siglo XXI, cada administración tiene su herramienta, que en muchas ocasiones es diametralmente opuesta al municipio vecino. Cada una ha creado su web y sus mecanismos o resortes diferentes. No vamos por el buen camino. Nadie asume la necesidad de coordinación y simplicación necesaria para facilitar el día a día de los ciudadanos.
Podríamos también hablar de leyes referentes a la accesibilidad, o los edicios de consumo casi nulo. El Real Decreto 235/2013 estableció que todos los edicios nuevos, que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020, tenían que adaptarse a los nuevos requerimientos energéticos.
Por otra parte, el Real Decreto 1/2013, señala que, a partir del 4 de diciembre de 2017, todos los edicios públicos deben adaptarse a la accesibilidad universal. Leyes que debería estar cumpliendo la Administración y que, salvo contadas excepciones, incumple de forma sistemática, mientras a la vez insta al ciudadano a satisfacer dichas exigencias. La Administración debería ser la primera en dar ejemplo, implementando los cambios que por norma corresponde.
Ante esta situación resulta imprescindible la reacción inequívoca de los distintos colegios profesionales afectados. Con el apoyo del COACV (Colegio Ocial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana), en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), llevamos un año revisando “todas las licitaciones” que se publican, así como en el resto de la Comunidad Valenciana.
Podemos armar que cerca del 50% de las licitaciones publicadas en la plataforma del Estado sufren alguna variación o corrección por errores, recursos, etcétera. En Alicante se ha presentado una treintena de recursos a ayuntamientos, consellerías, ministerios, etc… en menos de un año.

Además, desde el CTAA, se ha colaborado con algunos organismos en mejorar desde nuestro conocimiento aspectos que todavía se confunden demasiadas veces, primando todavía el menor precio por encima de la calidad.
Desde el colectivo de arquitectos, junto al resto de profesionalesimplicados, se va a proceder este año a la elaboración de una guía de calidad para facilitar la labor a la Administración, aportando criterios objetivos, que refuercen y mejoren las condiciones de las nuevas licitaciones.
En esta línea, el CTAA está organizando unas jornadas de trabajo con diversos agentes (juristas, técnicos de la administración, etc.) con el de dar respuesta a las dudas más frecuentes en relación con la aplicación del marco jurídico que regula los trabajos
profesionales de edicación, con el n de evitar la confusión que a menudo se produce en la aplicación del farragoso marco legal vigente.
Por otra parte, hemos detectado que la Administración, no ha podido o sabido modernizar a sus funcionarios para desarrollar las propias normas que ha aprobado, por lo que no está siendo capaz de dar ejemplo y cumplir con los preceptos que al ciudadano exige.
El CTAA está prestando apoyo a numerosas administraciones locales, gracias a la creación de bolsas de trabajo especícas, que está permitiendo avanzar en el cumplimiento de estos requerimientos.
Paralelamente, el CTAA trabaja intensamente para mejorar la reputación del arquitecto y la arquitectura, mediante el impulso de un programa de conferencias, mesas redondas y exposiciones por toda la provincia, entre las que destacan las actividades relacionadas con la Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2016/2017, o la Exposición de Arquitectura y Arte que se inaugurará el 16 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Fundación Caja Mediterráneo en Alicante.
Igualmente, se trabaja junto con la Escuela de Arquitectura de Alicante en el programa “Arquitectura en las Aulas”, donde se pretende dignicar la percepción social de la labor del arquitecto entre los alumnos de bachillerato, a la vez que estimular el interés de los alumnos por estos estudios, incentivando la racionalización de la nota de corte.

Protección y divulgación de la cultura patrimonial alicantina
La apuesta inequívoca del colectivo de arquitectos por la innovación, la digitalización, la mejora de competitividad y la sostenibilidad de la arquitectura, no está en absoluto reñida con la defensa de la protección del patrimonio arqueológico, arquitectónico, paisajístico y cultural de nuestra provincia.
El CTAA, dispone de un archivo documental digitalizado con más de 30.000 volúmenes desde principios del s. XX a la actualidad. Por otra parte, hemos realizado un informe preliminar sobre el estado de conservación de los edificios recogidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano en toda la provincia, tanto de los “Bienes de Interés Cultural (BIC)” como de los “Bienes de Relevancia Local (BRL).
De un total de 944 edificios inventariados que no han desaparecido ya, se han encontrado 282 en riesgo o amenaza de desaparición, lo que significa una proporción de casi el 30%, dato especialmente alarmante si tenemos en cuenta que estos edicios gozan del mayor
grado de protección que otorga la ley, volviendo ésta a quedarse nuevamente en papel mojado en un tema especialmente sensible.
El patrimonio es uno de los principales elementos identitarios de nuestra provincia, denitorios de nuestro carácter y la clave de nuestra diferenciación con otros territorios, por ello, es importante defender el patrimonio industrial en las comarcas de l’ Alcoià, o de la Marina, la riqueza de las torres y casas de la huerta de l´Alacantí, las construcciones hidráulicas ligadas a economías manufactureras, los vestigios de la arquitectura militar y religiosa, la arquitectura del siglo XX y XXI, junto con un largo etcétera, ya que nos otorgan un sesgo inimitable, que estamos obligados a preservar y potenciar para las generaciones venideras.
La coyuntura actual aboga por la renovación y rehabilitación urbana, tanto desde el nuevo panorama normativo como desde la recién estrenada Ley 1/2019 LOTUP recientemente publicada. Los bienes naturales y paisajísticos son pues un recurso valioso que, mediante su protección, recuperación y puesta en valor, suponen una apuesta segura de futuro, además una fuente económica para el impulso de áreas degradadas.
Buen ejemplo de esta línea de actuación a seguir es el reciente fallo del Concurso del Corredor del Frente Litoral, que ha premiado el trabajo realizado por la unión de dos equipos de arquitectos alicantinos.
Las ciudades deben volver a valorarse a sí mismas, recuperar los espacios tradicionales y aportar un valor añadido. Limitar la ocupación del suelo, preservar el paisaje y las señas de identidad que han caracterizado nuestra cultura milenaria.
En denitiva, debemos ser capaces de implementar un modelo territorial que permita afrontar los nuevos retos de futuro, implementando las transformaciones necesarias, reforzando nuestra singularidad,optimizando la utilización de nuestros recursos,
apostando por la innovación y un modelo de desarrollo sostenible que favorezca la prosperidad y el bienestar de nuestra sociedad. Todo ello bajo el marco de los objetivos establecidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre los que destaca el objetivo diecisiete: “establecer alianzas para lograr objetivos”. En ese sentido, el CTAA y la Fundación Caja Mediterráneo, impulsan desde el año 2017 el simposio “Horizonte Mediterráneo Sostenible”, al que se incorpora este año la Agencia Provincial de la Energía.
El certamen ha constituido un hito de colaboración entre administraciones locales, provinciales y autonómicas, la universidad, asociaciones civiles, colegios profesionales, promotores y empresas vinculadas a nuestra red socio-profesional: “Plazatio”.
Fruto de las primeras mesas celebradas a nales de 2017, se ha elaborado una publicación que recoge una hoja de ruta que nos permitiría alcanzar a corto, medio y largo plazo los objetivos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible.